Las filtraciones a la prensa nunca escaparon de la polémica que genera el celo a la información en primicia. Existen preocupantes indicios, en España y más allá de nuestras fronteras, que apuntan a una concatenación de cortapisas al derecho a la información de los ciudadanos: los políticos suelen convocar a la prensa sin aceptar ninguna pregunta, en una pérdida de tiempo que bien podría evitarse con la difusión de una nota de prensa e instando a aquellos medios que estén interesados a que acudan a grabar al personaje de turno. La polémica de ahora (otro ejemplo de la deriva actual) surge tras la prohibición del juez instructor del accidente aéreo en Barajas a que los medios tomaran imágenes de la tragedia. La justificación: respetar el dolor de los familiares de las víctimas. Siempre ha habido críticas a los excesos de los periodistas, que equivocan la información con el morbo. Pero esto no justifica que se prohíba, como hizo ayer el juez instructor, la difusión de cualquier imagen o audio a 'El País', cuyos profesionales consideran que el vídeo grabado por el circuito interno del aeropuerto "contiene imágenes de interés sobre el accidente" y éstas "no son ofensivas para nadie". El editorial del diario vuelve con la sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional que avaló que "la regulación legal del secreto sumarial no se interpone sobre el secreto sumarial". La pregunta a las autoridades competentes la recoge 'El País' en su editorial de hoy: "¿Acaso hay que vetar el acceso de los ciudadanos a unas imágenes que ya han visto el presidente del Gobierno y el Rey antes que el juez?". Creo que no, aunque es cierto que el problema no es tanto la difusión de unas imágenes como el tratamiento exclusivamente informativo de las mismas.