Con la muerte de la niña Mari Luz se ha vuelto a abrir en España el debate sobre el Código Penal. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no se sabe si en nombre de este órgano o de la corriente que representa (conservadores contra progresistas), se muestra a favor de la cadena perpetua. Esto estaría bien o mal (la familia de Mari Luz cree que sería positivo), pero lo primero que tendríamos que hacer es cambiar el espíritu de la Constitución que nos ampara: las penas de cárcel tienen como fin último la reinserción social. Es un debate delicado y amplio: también se pide la creación de un registro central de las acciones judiciales o, por ejemplo, la castración de los pederastas. Pero la elevación del debate no debe obviar un primer paso básico: el principal sospechoso en la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle, esquivó la aplicación del Código Penal vigente y, aprovechando las deficiencias del Estado, eludió la cárcel años antes de la desaparición de la niña de Huelva. Toda la inversión pública con el sello "Gobierno de España" se queda en pañales cuando el Estado se queda sin palabras para explicar la concatenación de fallos que permiten a individuos juzgados no cumplir sus condenas. No es un caso aparte: en la era de la información, el Estado de Derecho se ve empequeñecido por estilos y medios obsoletos, lo que facilita la inoperancia y el colapso burocrático.