Es conocido el comentario del Rey cuando, con el inicio de la transición democrática, mostró su satisfacción porque en España no proliferaran los monárquicos de carné ya que, de otra forma, la defensa a ultranza de la institución monárquica habría impedido el consenso. Dicho de otra forma (por mí): lo único verdaderamente insoportable de las monarquías son algunos monárquicos.
La Corona fue la salida posible desde el franquismo porque hizo valer su papel institucional como contrapeso del Ejército, entre otros poderes fácticos (la Iglesia, entre ellos). Allá por 1977, cuando se discutía aún la forma de Estado en el borrador de la Constitución, el PSOE elevó un voto particular a favor de la República entre un gran estrépito orquestado por una parte de la prensa, que ya por entonces hacía negocio vislumbrando los intereses desestabilizadores de unos y otros. Algo parecido ocurre hoy: cuando unos – según se les califica - jovenzuelos, radicales, antisistemas, separatistas deciden tener su minuto de gloria en los informativos quemando fotografías de los Reyes o la bandera de España, no son pocos los que vislumbran una nueva conspiración en torno al “España se rompe” y, en su amor ciego a la Monarquía, encuadran a la ciudadanía para espetar que un posible cambio de la forma de Estado significa la destrucción de éste y la disgregación de la Nación. Que a nadie se le ocurra, más allá del despropósito pueril de los famosos jovenzuelos, abogar por el federalismo o plantear el advenimiento de la República porque puede ser castigado en la hoguera del descrédito. Tú eres como aquéllos que queman al Rey, dirán.
En la carrera por presentarse como defensores a ultranza de los Reyes, un periódico de ámbito nacional llegó a publicar unas cartas de unas mujeres víctimas del terrorismo de ETA defendiendo la continuidad de la Monarquía. “De nuevo los ciudadanos más sufrientes y sacrificados nos señalan el camino por el que debe discurrir la convivencia nacional”. La contorsión de este planteamiento es manifiesta, aunque es verdad que subyace el verdadero valor de los símbolos nacionales: su significación utilitaria. Allá donde está la bandera española se defienden, como ciudadanos iguales de un mismo país, nuestros derechos y libertades.
Ya digo que todo esto tiene su dosis de sobreactuación. Desde el derrumbamiento del absolutismo, los litigios de los pueblos no se plantean tanto en torno a las formas del Estado como en la defensa de las libertades y de las alternativas de poder que se ofrecen a los ciudadanos.

Luego están las acusaciones veladas sobre el papel que juegan los miembros de la Casa Real en la sociedad actual. El presupuesto que se les designa, los negocios espurios, las declaraciones polémicas. Releo una entrevista a Javier Marías a propósito de la publicación de su libro Verano y sombras y adiós. Me llama la atención –porque coincido plenamente con él- unas palabras sobre el papel del Estado: “Las sociedades actuales exigen transparencia, que se sepa todo. Y creo que eso es erróneo. El Estado ha hecho cosas delictivas, y eso lo sabemos todos. Todos los Estados lo hacen. Pero en esa exigencia de transparencia hay un elemento de hipocresía. Lo normal es que la gente quiera creer que el Estado no hace nada, y hace muchísimas cosas. Y ahora también pasa que siempre que ocurre algo, un accidente, por ejemplo, lo que primero se hace es buscar culpables o responsables, no se acepta el azar. Y eso responde a una soberbia enorme por parte del ser humano. Todos nos podemos equivocar. Yo puedo cometer una falta de ortografía, u otras equivocaciones, todo el mundo está expuesto a equivocarse. En cuanto a los Estados, todos tienen las manos manchadas. Siempre, de siempre. A nadie le puede caber duda de eso. Lo que pasa es que se prefiere ignorar”.

Unión Progreso y Democria (UPD). La nueva formación política, liderada por Rosa Díez con el apoyo de Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán o Mario Vargas Llosa, inicia su singladura planteando una reforma de la Constitución. Por qué: porque quieren rescatar para el Estado competencias como la educación y porque quieren modificar la Ley Electoral de forma que los partidos nacionalistas no salgan beneficiados en las elecciones generales en detrimento de las formaciones de implantación nacional. A priori, nada extravagante, aunque ya veremos cómo se lo toman algunos: ¿será una nueva amenaza para el sagrado consenso nacido de la transición? De momento, UPD se declara laico y progresista.