“Hoy es un día donde el Gobierno estará compartiendo la alegría de ver al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo entrando por la puerta de la Audiencia Nacional, tiene que estar compartiendo alegría con los terroristas, los separatistas y el brazo político de ETA. Es muy triste. A partir de ahora mi pregunta es: ¿qué es lo próximo que me tiene preparado el Gobierno?”. La pregunta y la argumentación es de Francisco Javier Alcaraz, presidente de la AVT. Lo dijo ayer, después de declarar ante el juez por un presunto delito de injurias al Gobierno. La obstinación con la que Alcaraz defiende sus tesis sumó un nuevo capítulo en la ceremonia de la confusión, ya que el Gobierno no es el autor de la demanda contra su persona, ni siquiera el fiscal general del Estado. De acuerdo a la acción popular (que no a la acción pública), la querella la interpuso la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) después de que Alcaraz dijera, entre otras cosas, que el Ejecutivo había pactado con ETA el atentado de la T-4 de Barajas, en el que murieron dos personas. Hoy le preguntan al presidente de ADADE, José Mariano Benítez de Lugo, si no entiende que estas afirmaciones podrían formar parte de la libertad de expresión. Responde: “Se está prostituyendo el concepto de libertad de expresión como supuesto derecho a insultar y vejar la dignidad de las personas y las instituciones y eso no es admisible. En todo caso, es fácil, que Alcaraz acredite que es verdad lo que dice, que el Gobierno tenía esa voluntad y que había una escenificación conjunta con ETA, porque entonces se le podría aplicar la exceptio veritatis, es decir, absuelto por ser verdad lo que dice. Y es lo que queremos, que lo demuestre o en caso contrario, que sea sancionado por ello”. Benítez de Lugo dice que le consta que la presentación de esta querella “no ha gustado mucho al Ejecutivo”, es más, el fiscal general del Estado se opuso a su admisión.

Apuntes (I). La bajada de impuestos genera votos, está bien visto en la sociedad. Joaquín Estefanía defiende la dignidad de los impuestos: no son un fin en sí mismos, pero todos los derechos legalmente exigibles cuestan dinero. “Lejos de ser una obstrucción a la libertad, los impuestos son una condición necesaria de su existencia”. Estefanía remite a la curva de Laffer para enmarcar esa idea (defendida por el PP y por algunos sectores del PSOE, amén de los empresarios) de que la reducción de los tipos impositivos dinamiza la economía y con ello aumentan los ingresos del Estado. Es decir, si la gente no tiene que pagar impuestos, ese dinero lo gastará en lo que le plazca, y todos contentos. Ronald Reagan aplicó por primera vez la teoría de Laffer, dejando a Estados Unidos con un gigantesco déficit del que el país sólo se repuso con Bill Clinton, según recuerda Estefanía.

Apuntes (II). “La izquierda democrática está siendo víctima de la paradoja de que si se quiere ser pragmático y eficaz en las políticas hay que ser radical e implacable en los análisis (…) Lo que los medios políticos e intelectuales del bando conservador llaman la crisis de la izquierda democrática, una idea ahora asumida por los propios afectados, no es más que un sutil pero trascendental cambio de papeles en el que unos, los conservadores, ocultan su nueva función de revisar un sistema que ha integrado como algo propio el principio de igualdad y la protección pública de los más débiles, y otros, los partidarios de la izquierda democrática, se niegan por inercia a asumir que su tarea inexcusable es defenderlo (…) La crisis de la izquierda democrática no es más que la constatación tautológica de que, en efecto, la izquierda democrática no debería estar hoy al asalto político de ninguna fortaleza, sino defendiendo esa fortaleza del asalto político de los conservadores”. (José María Ridao, ‘El País’, 25 de noviembre de 2007).